• Puntaje nacional en transparencia presupuestal es de 73 sobre 100, por encima del promedio mundial que se ubica en 42 puntos. Entre los países de Latinoamérica, Perú aparece en tercer lugar por debajo de México y Brasil, y superando a Argentina, Chile y Colombia.
  • Preocupa que el puntaje de Perú en términos de participación ciudadana en el presupuesto público sea sólo de 22 puntos sobre 100, lo cual indica que las oportunidades que se le ofrecen al público para participar en el proceso presupuestario son poco o nada adecuados: aun cuando existen mecanismos de participación a nivel local, los ciudadanos tienen pocas oportunidades de ser escuchados al momento de formular, aprobar, implementar y vigilar el presupuesto nacional.
  • A nivel de vigilancia del presupuesto público, tanto el Congreso de la República y la Contraloría General de Nación alcanzan niveles adecuados, pero ello no es suficiente para garantizar la implementación de medidas correctivas que mejoren la ejecución del gasto.

Lea la Nota completa y el Resumen País

Por Caroline Gibu

La Presidenta del Congreso ha anunciado la compra de un software para evitar el plagio de iniciativas legislativas, a propósito de un reciente caso de copia parcial de un proyecto de ley presentado por un congresista.

 

Soy una promotora de datos abiertos gubernamentales, y por ello creo que la compra de un software no llevará a reducir el error – o la copia – dentro del propio Congreso. Para que todos los textos de los nuevos proyectos de ley puedan ser comparados con proyectos de ley presentados en el pasado, o con publicaciones disponibles en Internet, se requiere que todos los textos pasados y futuros estén disponibles en formato abierto, y no en imágenes, como usualmente suelen incorporarse dentro de las plataformas de administración de documentos del legislativo. La tendencia de uso de imágenes se debe a que cada proyecto de ley contiene las firmas de los diferentes congresistas que respaldan una normativa y los sellos de las diferentes oficinas por donde pasa el documento. Es como ver una foto familiar y tratar de saber los nombres de quienes aparecen; sólo para conocedores.

 

Pero, además, hay un tema de fondo: ¿Qué acciones se deben dar para que la labor del Congreso – ya sea a través de su función legislativa, de fiscalización o representación – sea más efectiva y realmente contribuya a mejorar las condiciones de vida de las personas en nuestro país?

 

Hoy se conmemoran cinco años de la Alianza por el Gobierno Abierto, que otorga herramientas, lecciones y buenas prácticas para mejorar la gestión pública. Sobre la base de sus principios, aquí van cinco cosas que esperamos del Congreso para incrementar su institucionalidad.

 

1. Participación ciudadana en la formulación de las normas:Si bien la formulación de normas requiere un cierto grado de especialización, no debe ser un trabajo de escritorio exclusivo del congresista y sus asesores. Si se desea transformar vidas – para bien -  debemos hacer que las normas tengan la perspectiva del ciudadano, de los especialistas y académicos, de quienes les tocarán administrar el cumplimiento de la norma, y de los grupos de interés vinculados. Pensar que administrar un proceso participativo generará demoras en la presentación o aprobación de un proyecto, es pensar en el corto plazo, y que el resultado de la función legislativa del congresista es la norma en sí misma y no el impacto que generará su implementación.

 

2. Ética y educación ciudadana: La Comisión de Ética del Congreso debe liderar el ejercicio ético de las funciones de los congresistas y a su vez fomentar la docencia de los principios éticos y sus normas a los ciudadanos. La Comisión no debe ser sólo un ente sancionador, llamado a actuar para corregir ex post y no ex ante, como debe ser. Por ejemplo, sería un gran avance que previa a la reunión con un congresista, una persona reciba información sobre qué puede o no puede hacer un congresista por él o ella y cuándo estaría siendo parte de un acto ilegal o inconstitucional. Quizás esto podría calificarse de inocente, pero muchas personas con poco conocimiento de la función congresal – o con viveza criolla - se acercan a los congresistas pidiendo donaciones, exoneraciones, leyes específicas para beneficio individual y no colectivo, uso de influencias para interceder ante determinadas entidades públicas, entre otros. Si desde el asistente, pasando por los asesores y los propios congresistas explican de manera constante a terceros cuáles son los principios éticos detrás de sus funciones, ello ayudará a generar sistemas de control social y mejorar la labor legislativa.

 

3. Transparencia y Acceso a la Información: La creación de una Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es una iniciativa promovida por la sociedad civil en los últimos años, y que el actual gobierno ha tomado como suya. Un paso importante sería que el Congreso propicie la existencia de dicha Autoridad, no sólo para sancionar a quienes vulneran el derecho constitucional de acceso a la información pública o corregir acciones equivocadas, sino que además se genere jurisprudencia y precedentes de observancia obligatoria para orientar la buena administración de los derechos y deberes de acceso a la información pública y protección de privacidad.

El Congreso debe asumir la transparencia y el acceso a la información como un principio fundamental en su propio accionar, facilitando información que contribuya a mejorar la integridad de su labor y generar una relación de confianza permanente con los ciudadanos.

 

4. Evaluar el costo económico y social de determinada norma y cómo medirlo: El congresista Alberto de Belaunde ha planteado la creación de la Oficina de Estudios Económicos del Congreso con el propósito que el Congreso cuente con una instancia especializada que pueda medir el costo e impacto económico de una propuesta legislativa. Este es un paso importante si pensamos que hoy en día ese análisis es precario y/o inexistente. Pero sería también importante que se establezcan mecanismos de medición del impacto posterior a la implementación normativa a nivel económico y social, pues nuevamente la meta final no debe ser la aprobación de la norma en sí misma, sino los cambios reales que se logran en beneficio de la población, aun cuando este cambio sea de largo aliento.

 

5. Uso de tecnologías de información:Los cuatro puntos anteriores pueden potenciarse si a ellos les sumamos el uso de las nuevas tecnologías de información. Pero como dije al principio, un software no es una solución integral. Por ejemplo, la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso ha realizado esfuerzos notables para que más ciudadanos conozcan y comenten las propuestas legislativas a través de la plataforma web del Congreso, pero la respuesta ciudadana es tímida y la promoción del uso de este canal por parte de los propios congresistas es limita.

Por otro lado, no bastan que existan repositorios de información, sino que la información pueda ser comparada, usada y reusada para generar nuevo valor.   Por ello un gran paso para el Congreso será contar con información en formato abierto, es decir, que la información esté presentada en procesador de texto u hojas de cálculo de modo tal que se permita a los ciudadanos y a los propios congresistas explotar mejor dicha información, realizar comparaciones y reducir errores – y hasta detectar copias.

Contar con un Congreso Abierto implica abrazar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas como pilares de su accionar, creyendo firmemente que es posible generar valor social con el ciudadano y para el ciudadano.  Gran reto para este Congreso.

1.    La creación de una Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es una iniciativa promovida por la sociedad civil en los últimos años, y que el actual gobierno ha tomado como suya. Un paso importante sería que el Congreso propicie la existencia de dicha Autoridad, no sólo para sancionar a quienes vulneran el derecho constitucional de acceso a la información pública o corregir acciones equivocadas, sino que además se genere jurisprudencia y precedentes de observancia obligatoria para orientar la buena administración de los derechos y deberes de acceso a la información pública y protección de privacidad.

El Congreso debe asumir la transparencia y el acceso a la información como un principio fundamental en su propio accionar, facilitando información que contribuya a mejorar la integridad de su labor y generar una relación de confianza permanente con los ciudadanos.

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Por Caroline Gibu

El Ministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne ha plateado un "nuevo MEF", una institución más dialogante y más cerca de la gente. La coyuntura no puede ser más propicia por cuanto antes del 1 de septiembre de este año, el Ministerio deberá presentar ante el Congreso de la República el proyecto de ley de Presupuesto Público para el año 2017; y bajo la visión que este #NuevoMEF se ha planteado, espero que dicha propuesta venga acompañada de un Presupuesto Ciudadano, un documento sencillo y en lenguaje plano – es decir, sin tecnicismos o palabras difíciles – de fácil comprensión para el ciudadano, que permita explicar las metas del presupuesto público aun para quienes nunca han escuchado hablar de él. Tanto la OECD como el FMI han establecido en innumerables documentos la importancia de los Presupuestos Ciudadanos, así como guías específicas para su implementación.

Desde el año 2008, Ciudadanos al Día ha monitoreado la transparencia presupuestaria a través del proyecto Encuesta de Presupuesto Abierto (Open Budget Survey en inglés), liderado por el International Budget Partnership. Dicha encuesta mide cada dos años la transparencia, la participación ciudadana, y la efectividad en el control en los presupuestos de más de 100 países. Una de las principales observaciones que la Encuesta establece para Perú es la necesidad de mejorar los mecanismos de información y participación ciudadana respecto al Presupuesto Público en su conjunto, y más allá de las consultas que se realizan a nivel regional o local en el marco del presupuesto participativo.

En ese contexto, desde el año 2013 el MEF ha publicado anualmente la Guía de Orientación al Ciudadano del Presupuesto Público tanto en su fase de propuesta como luego de su aprobación ante el Congreso. Este ha sido un esfuerzo loable para el Ministerio, pero creo que se puede hacer más, que siempre hay formas de explicar y comunicar mejor, y que se puede ir más allá de los fríos números de las cuentas presupuestales.

En esa línea, cinco cosas que esperamos del Presupuesto Ciudadano 2017:

1.  Empezar con las metas más que con la distribución:  Para quienes hemos seguido el Presupuesto Público durante años, estamos familiarizados con el esquema usual de los documentos presupuestales: se inicia con el marco macroeconómico, siguiendo con la recaudación y la distribución del gasto (por niveles de gobierno, por sectores y por departamentos) y luego se explican las metas o resultados. ¿Por qué no empezar al revés? Estoy segura que una madre de familia entiende mejor qué significa una educación de calidad para sus hijos (mejores notas, acceso a materiales educativos, buenos profesores) que explicarle primero cuánto tiene que ahorrar y cuánto ingreso debe generar para pagar el colegio que quiere para ellos.

Claro que es necesario que nos expliquen cómo se financiará ese presupuesto y qué inversiones debemos tener, pero sería importante empezar por lo concreto y básico: ¿qué gana el ciudadano en un año con la gestión del presupuesto público?

2. Promover el monitoreo ciudadano: El Presupuesto Ciudadano también puede ser un documento de referencia para generar monitoreo ciudadano de las metas: si el presupuesto indica que cada niño menor de un año recibirá una vacuna determinada, entonces, desde una madre gestante hasta una organización civil o un municipio podrá monitorear que esto suceda realmente. Quizás ésta sea una forma simplificada de expresar como funcionaría un sistema de monitoreo, y que la realidad requiere de más componentes, pero mi punto es que el Ministerio debe establecer un mecanismo que permita recibir alertas y coordinar con los otros sectores, pliegos o unidades ejecutoras que les toca implementar el presupuesto y por ende son responsables del resultado. Un #NuevoMEF más cerca de la gente implica no sólo "más cerca para informar" sino "más cerca para escuchar y resolver juntos".

3. Rendir cuenta de las metas:  Actualmente se produce la
Guía de Orientación al Ciudadano del Presupuesto Público, que se difunde en fechas colindantes a la presentación del proyecto de ley y a la aprobación del mismo por parte del Congreso. Sin embargo, no hemos visto aun algún documento que nos indique a los ciudadanos si las metas establecidas se cumplieron o no, y si no se cumplieron ¿por qué no se cumplieron?

El Marco Macroeconómico Multianual y la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto son dos documentos técnicos que año a año, y en cierta medida, explican los logros, desafíos, problemas externos e internos alrededor del cumplimiento de metas.  Sería ideal que tengamos una explicación sencilla, clara y transparente de qué ha pasado con las metas. Me imagino que el principal reto es decir por qué no se logró – las posibilidades de ser criticado pueden generar resistencias – sin embargo, es también una manera de generar presión o estrés positivo hacia el logro.

4. Salir a explicar:  No basta con contar con un Presupuesto Ciudadano y publicarlo en la web. Es necesario salir tantas veces se pueda con el documento y compartirlo entre todos los públicos. Este ejercicio nos sólo genera que más personas conozcan el documento sino también retroalimentación de qué aspectos se pueden mejorar respecto al mismo. Quizás haya un grupo de la sociedad que quiera más información sobre determinada meta, o siente que hay ausencias respecto a temas específicos. Con esos insumos, el Presupuesto Ciudadano del siguiente año será un documento mucho más afinado que el precedente.

Salir a explicar no es sencillo, implica preparación, implica estrategia. Por ello el Presupuesto Ciudadano debe ir acompañado de una estrategia de comunicación que incluya a los diversos actores que conforman nuestra sociedad, así como el uso de redes sociales: un video, una infografía, un "gif animado", una traducción a lenguas nativas, pueden colaborar en la comunicación. Por supuesto, poner la información en datos abiertos – es decir, que los datos utilizados para armar gráficas y cuadros, estén también en hojas de cálculo y no en "pdfs" – ayudará a que otras organizaciones y medios de comunicación "se apropien" del contenido y le den mayor valor.

5. Presupuesto ciudadano no sólo en el MEF:  Proponemos que el ejercicio de Presupuesto Ciudadano del Presupuesto Público, también tenga su correlato en cada sector, incluso a nivel regional y municipal. Cada ministerio debería contar con su propio Presupuesto Ciudadano, un documento en donde se explique las metas establecidas y cómo lo lograrán; que promueva el monitoreo; que rinda cuenta de los resultados; y que sea difundido de modo tal que también permita la retroalimentación. Las memorias anuales que actualmente se imprimen no necesariamente responden a los niveles de transparencia, participación y rendición de cuentas que se requieren. La visión del #NuevoMEF a nivel presupuestal puede trasladarse también a todos los sectores.

En suma, debemos avanzar en la dirección de convertir al Presupuesto Ciudadano en un instrumento para lograr la real participación ciudadana en el Presupuesto Público. Los mecanismos actuales de participación en la formulación y ejecución del presupuesto son escasos: la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza ha hecho esfuerzos notables para cada año hacer análisis del presupuesto a nivel técnico y discutirlo permanentemente con el Ministerio de Economía y Finanzas; a nivel regional y local se cuenta con las audiencias del Presupuesto Participativo, pero lo que en estos espacios se consulta y decide es bastante heterogéneo y con resultados aislados.

Si queremos un país que comparta los mismos ideales y la misma visión del futuro, tenemos que lograr que muchos más peruanos y peruanas entendamos el presupuesto como instrumento de política pública y no cómo una lista de Papá Noel. Y tenemos que generar mecanismos para que ese presupuesto refleje las distintas soluciones que se plantean para lograr un país más justo, equitativo y solidario. Pero más aún, tenemos que lograr que las metas presupuestales realmente cambien la situación actual de muchas personas y las coloquen en una situación mejor. Confío que el #NuevoMEF transite por el camino correcto y se acerque al ideal de Estado más integro, eficiente e inclusivo que todos esperamos.

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  • Puntaje nacional en transparencia presupuestal es de 75 sobre 100, por encima del promedio mundial que se ubica en 45 puntos. En la región, Perú aparece en segundo lugar por debajo de Brasil y superando a Argentina, Chile y Colombia.
  • El puntaje de Perú en términos de participación ciudadana en el presupuesto público es de 40 sobre 100, lo cual indica que las oportunidades que se le ofrecen al público para participar en el proceso presupuestario son aun débiles.
  • A nivel de vigilancia del presupuesto público, tanto el Congreso de la República y la Contraloría General de Nación alcanzan niveles adecuados pero no suficientes para garantizar un monitoreo permanente de las entidades a nivel nacional y subnacional que ejecutan el presupuesto.

 

 

Perú alcanza alto índice de transparencia presupuestal

 

La promoción de la transparencia presupuestaria constituye un tema prioritario dado que los presupuestos constituyen la herramienta principal que utilizan los gobiernos para establecer políticas a fin de recaudar e invertir fondos públicos destinados a promover el desarrollo y cubrir las necesidades de los ciudadanos.

 

International Budget Partnership (IBP) acaba de publicar los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2015, la única medición independiente, comparativa y regular de transparencia presupuestaria y de rendición de cuentas en todo el mundo que se aplica en 102 países. En esta edición, el Perú alcanza 75 puntos sobre un total de 100 en el indicador de transparencia presupuestaria, una cifra sólo por debajo de Brasil (77 puntos) y por encima de Argentina (59), Chile (58), Colombia (57) y Ecuador (50 puntos).  Bolivia (17 puntos) y Venezuela (8 puntos), son los países que registran las más bajas calificaciones en la región.

 

En esta medición, también se evalúa si los gobiernos elaboran y ponen a disposición de los ciudadanos una serie de documentos que resultan claves para entender en qué se gastan específicamente los recursos públicos de un país. Son ocho informes que comprenden un Documento Preliminar (Marco Macroeconómico Multianual), una Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo (Proyecto de Ley del Presupuesto Público), un Presupuesto Aprobado (Ley de Presupuesto Público), un Presupuesto Ciudadano, los Informes Entregados durante el Año, una fase de Revisión de Mitad de Año, un Informe de Fin de Año, y un informe de Auditoría.  Sólo 16 países de 102 publican todos los ocho documentos oportuna y públicamente, y Perú es uno de ellos, destacándose que a partir del año 2013 nuestro país cuenta con un Presupuesto Ciudadano (Guía de Orientación del Presupuesto), un documento para que los ciudadanos entiendan en palabras sencillas los objetivos y prioridades del presupuesto.

 

 

Transparencia Presupuestaria 2015

 

País

Puntaje

Promedio mundial

45

Brasil

77

Perú

75

Argentina

59

Chile

58

Colombia

57

Ecuador

50

Bolivia

17

Venezuela

8

 

Fuente: Encuesta de Presupuesto Abierto 2015

 

 

 

 


Disponibilidad de documentos presupuestarios con el paso del tiempo

 

Documento

2008

2010

2012

2015

Documento preliminar

Publicado

Se produce para uso interno

Se produce para uso interno

Publicado

Proyecto de presupuesto del ejecutivo

Publicado

Publicado

Publicado

Publicado

Presupuesto aprobado

 

Publicado

Publicado

Publicado

Publicado

Presupuesto ciudadano

 

No se produce

No se produce

No se produce

Publicado

Informes entregados durante el año

 

Publicado

Publicado

Publicado

Publicado

Revisión de mitad de año

 

Publicado

Publicado

Publicado

Publicado

Informe de fin de año

 

Publicado

Publicado

Publicado

Publicado

Informe de

auditoría

 

Publicado

Publicado

Publicado

Publicado

 

Fuente: Encuesta de Presupuesto Abierto 2015

 

Participación ciudadana

 

La evidencia sugiere que la transparencia, por sí misma, no es suficiente para mejorar la gobernanza, y que la participación del público en la elaboración del presupuesto puede aumentar los resultados positivos asociados con una mayor transparencia presupuestaria y rendición de cuentas.

 

Para medir la participación ciudadana, la Encuesta de Presupuesto Abierto evalúa el grado en el que el gobierno le ofrece al público oportunidades para participar en el proceso presupuestario. Tales oportunidades deben ser ofrecidas por el ejecutivo, el legislativo y la contraloría durante el ciclo presupuestario.  

 

El puntaje de Perú en este indicador fue de 40 sobre 100 lo que indica que las oportunidades que se le ofrecen al público para participar en el proceso presupuestario son débiles. Este puntaje es más alto que el puntaje promedio global de 25.

 

De manera específica, en términos de fomento e incorporación de participación ciudadana en el ciclo presupuestal, el Poder Ejecutivo alcanzó tan sólo 19 puntos sobre 100 (Débil), el Congreso alcanzó 60 puntos sobre 100 (Limitada) y la Contraloría General de la República alcanzó 50 puntos sobre 100 (Limitada)

 
Participación Ciudadana en el Presupuesto 2015

 

País

Puntaje

Promedio mundial

25

Brasil

71

Colombia

46

Perú

40

Ecuador

27

Argentina

27

Chile

23

Venezuela

23

Bolivia

0

 

Fuente: Encuesta de Presupuesto Abierto 2015

 

Monitoreo y vigilancia del Presupuesto Público

 

La Encuesta de Presupuesto Abierto examina también el alcance de la vigilancia eficaz del Poder Legislativo y la Contraloría General de la República. Estas instituciones tienen un papel crítico –con frecuencia, consagrado por las constituciones nacionales– en la planificación y la vigilancia de la implementación de los presupuestos nacionales.

 

El puntaje alcanzado por el Congreso en la vigilancia durante la fase de planificación de presupuesto fue de 44 puntos sobre 100 (Limitada) y durante la implementación del presupuesto fue de 93 puntos sobre 100 (Adecuada). El puntaje alcanzado por la Contraloría en su rol de monitoreo y vigilancia del presupuesto fue de 83 puntos sobre 100 (Adecuado)

 

Recomendaciones

 

Mejorar la transparencia

 

Perú debe priorizar las siguientes acciones para mejorar la transparencia presupuestaria: 

 

  • Aumentar la exhaustividad del Proyecto de presupuesto del ejecutivo mediante la presentación de más información sobre la clasificación administrativa y funcional de gastos y de todos los programas para los años futuros, e incluir un análisis de sensibilidad respecto de cómo las situaciones alternativas de diferentes variables macroeconómicas podrían afectar el presupuesto.
  • Aumentar la exhaustividad del Informe de fin de año mediante la presentación de más información sobre gastos planificados frente a gastos reales y sobre deudas e intereses planificados frente a deudas e intereses reales.

 

Mejorar la participación

 

Perú debe priorizar las siguientes acciones para mejorar la participación en la elaboración del presupuesto:

 

  • Establecer mecanismos creíbles y eficaces (es decir, audiencias públicas, encuestas, grupos de discusión) para captar diferentes perspectivas del público sobre cuestiones de presupuesto.
  • Publicar informes sobre audiencias de transparencia presupuestaria.
  • Establecer mecanismos formales para que el público ayude a la Contraloría a formular su programa de auditoría.

 

Mejorar la vigilancia

 

Perú debe priorizar las siguientes acciones para fortalecer la vigilancia del presupuesto:

 

  • Establecer una oficina de investigación del presupuesto especializada para el Congreso
  • Garantizar que la Contraloría tenga fondos adecuados para llevar a cabo sus obligaciones.

 

Cómo se evaluó

 

La Encuesta de Presupuesto Abierto usa criterios internacionalmente aceptados y desarrollados por organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría (INTOSAI, por sus siglas en inglés). Es un instrumento de investigación basado en evidencias que evalúa lo que ocurre en la práctica a través de fenómenos observables. Todo el proceso de investigación duró aproximadamente 18 meses, entre marzo de 2014 y septiembre de 2015, y en él participaron aproximadamente 300 expertos en 102 países. La Encuesta se revisó respecto de la versión de 2012 para reflejar los desarrollos emergentes de buenas prácticas y para fortalecer las preguntas individuales. Puede encontrarse un análisis completo de estos cambios en una nota técnica sobre la comparabilidad del Índice de Presupuesto Abierto con el paso del tiempo.

 

Las respuestas a la encuesta, por lo general, están respaldadas por citas y comentarios. Estos pueden incluir referencias a un documento presupuestario, un enunciado oficial por parte del gobierno o comentarios de entrevistas a funcionarios del gobierno u otros especialistas.

 

La Encuesta se compila a partir de un cuestionario realizado en cada país, por expertos independientes en presupuestos que no están asociados con el gobierno nacional. El cuestionario de cada país es revisado de manera independiente por un experto anónimo que no tiene relación con el gobierno. Además, el IBP invita a los gobiernos nacionales a comentar sobre los resultados preliminares de la Encuesta y considera estos comentarios antes de dar por finalizados los resultados definitivos de la Encuesta.

 

El gobierno de Perú brindó comentarios sobre los resultados preliminares del Cuestionario de Presupuesto Abierto.

 


La investigación para completar la Encuesta de Presupuesto Abierto de este país fue realizada por:

 

Caroline Gibu

Ciudadanos al Día

Jr. Sánchez Cerro N° 2050, Jesús María

Lima, Perú.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Información adicional

 

Visite www.openbudgetsurvey.org si desea obtener más información sobre lo siguiente:

  • La Encuesta de Presupuesto Abierto 2015: informe global.
  • Conjuntos de datos individuales para cada uno de los 102 países encuestados.
  • Una nota técnica sobre la comparabilidad del Índice de Presupuesto Abierto con el paso del tiempo.

 

 

 

 

Lima, 9 de septiembre del 2015.

 

Por Caroline Gibu

El día jueves 5 de marzo iba camino a una entrevista de televisión, y para ello tuve que pasar por la Avenida Salaverry. Conozco muy bien sus cruceros, las zonas de embotellamiento, y las horas donde es mejor evitarla, mi vida trascurre por allí. A lo largo de dicha avenida se ubican dos ministerios, un hospital de gran envergadura, tres universidades, un hotel de cuatro estrellas, un gran complejo habitacional – además de los nuevos edificios multifamiliares que se han construido en los últimos años - y un nuevo e importante centro comercial. Y es una de las vías más transcurridas para desplazarse desde el Centro de Lima hacia el distrito de San Isidro, pasando por los distritos de Jesús María y Lince.

Cuando llegué a la entrevista, el conductor del programa me preguntó, entre otros temas, qué pensaba sobre la propuesta de la municipalidad de Jesús María de incorporar un tercer carril en la Avenida  Salaverry con el fin de mejorar el tránsito y a su vez la calidad de vida de los vecinos. Mi respuesta giró en torno a tres aspectos, que con mayor detalle expongo aquí:

 

1. La mejora de la infraestructura

No es ya novedad escuchar que nuestra Lima ha crecido en forma desordenada y, en muchas zonas, la infraestructura para peatones y vehículos no es suficiente ni adecuada.  Y no solamente hago referencia a las pistas y veredas, sino también a los mecanismos de control y a las señales de tránsito. Miren por ejemplo esta foto tomada de Google Maps del cruce de la Avenida Salaverry con la Avenida San Felipe en donde transitan autos de transporte público, privado, carga pesada, motos y bicicletas por ocho vías (entre calles y avenidas) y una ciclovía. En dicho cruce no hay semáforos ni policías de tránsito y los embotellamientos en horas punta están a la orden del día.

 

San Felipe

Foto: Google Maps

Ahora miren esta otra foto tomada también de Google Maps del cruce de la Avenida Salaverry con la Avenida Huiracocha en donde un gran número de autos en hora punta ingresan desde esta última a Salaverry. Tampoco existe semáforo o mecanismo de control que permita un tránsito ordenado y fluido, no sólo para los vehículos sino para los peatones que cruzan dichas avenidas. Pensar en cruzar con una silla de ruedas o coche de bebé resulta impensable en este lugar.

 Huiracocha

 Foto: Google Maps

 

2. La participación ciudadana

 

Mejorar el transporte público implica conocer la opinión de los vecinos, conductores y transeúntes como también de quienes dirigen y utilizan las instituciones públicas y privadas adyacentes. Y en la Av. Salaverry tenemos de todos esos actores. ¿Qué opina la señora vecina respecto al tránsito? ¿Qué opina el joven universitario? ¿Qué opina el gerente del hotel? ¿Y el que hace ejercicio a lo largo de la avenida?. 

Desarrollar una consulta ciudadana es una tarea ardua pero posible. La Municipalidad Distrital de Miraflores nos da un ejemplo: a través del Programa Ciudad de los Niños ha logrado incorporar la opinión de niños y niñas en la planificación de la infraestructura y seguridad del distrito así como en las actividades de desarrollo social y cultural: parques más amigables para niños y niñas, incluso con discapacidad; mejora del tránsito de vehículos; pulseras con los números telefónicos de alerta, son una muestra de los resultados logrados. Esta práctica fue finalista en el Premio Buenas Prácticas de Gestión Pública 2013 y una de las 10 mejores prácticas de participación ciudadana a nivel internacional premiada por el Open Government Partnership Award 2014.

 Y un proceso de consulta ciudadana para la actual gestión municipal de Jesús María no es algo nuevo y ajeno: en el año 2006, la práctica “Niños, Niñas y Adolescentes: De Excluidos a Protagonistas del Desarrollo del Distrito de Jesús María” fue certificada como Buena Práctica en la Categoría Consulta y Participación Ciudadana del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2006.

3. La tercera vía: Educación Ciudadana

Los vehículos no son seres vivos que transitan por sí solos. Somos las personas quienes vamos al volante – sea de un auto, taxi, bicicleta, bus o camión. Y somos también personas las que subimos y bajamos de los vehículos, cruzamos la pista, o utilizamos las veredas.

Y aquí está la pregunta clave: ¿Ampliar un carril mejorará el tránsito y la calidad de vida en la avenida Salaverry?  En ausencia de educación ciudadana, lo más probable es que no.  Aun teniendo más espacio es probable que algunos malos conductores bloqueen las intersecciones sin respetar los semáforos, que los peatones no crucen en las esquinas o por las zonas señaladas, que el bus o combi recoja un pasajero en un lugar distinto a un paradero, que nadie sepa que son esas líneas verdes por donde tienen que ir las bicicletas, que un taxista se cuadre en doble vía para esperar pasajeros en el centro comercial, que nadie respete al policía – y que encima, la insulten por ser mujer - y así puedo continuar…!

La tercera vía, la de la educación ciudadana, es un camino más largo pero mucho más seguro en términos de gobernabilidad. Y este trabajo no es sólo de un municipio, ni de un colectivo ciudadano, ni de una entidad de control. Es un trabajo conjunto.

Me encantaría ver a todos los municipios, instituciones públicas y privadas, entidades educativas, centros comerciales, y sobre todo vecinos emprendiendo una gran coalición para educar a peatones y conductores a lo largo de la avenida Salaverry. ¿Se imaginan ver a los estudiantes de esas tres universidades - dentro y fuera de su alma mater –  realizando acciones para educar y promover buenos usos de la vereda y la calzada?. ¿O ver a las entidades públicas y a las empresas educar a sus trabajadores en el correcto uso de la avenida?. Aplaudiría con entusiasmo las veedurías y colectivos sociales formado por vecinos y vecinas que califiquen a los conductores – por ejemplo con señales de “like” y “no like” como lo hizo en su momento Antanas Mockus con las tarjetas ciudadanas cuando fue alcalde de Bogotá. Felicitaría un trabajo conjunto de la policía, el serenazgo y los inspectores de tránsito a lo largo de los cuatro distritos.  Y ahora cuánto se puede hacer con las tecnologías de información, como lo han demostrado nuestros amigos de Datea.pe y Liga Peatonal

Una política pública efectiva de mejora de transporte tiene que incluir la infraestructura, pero también la participación y la educación ciudadana. Para mí, esos son los tres carriles del desarrollo.

Gracias por leerme. ¿Cuéntame lo qué piensas?

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