Una Buena Práctica Gubernamental de Fiscalización y Cumplimento de la Ley, implica una mejora en la gestión de la institución de uno o varios procesos específicos que contribuyan al incremento de la formalidad, legalidad, conocimiento y exigencia de deberes y derechos así como respeto a las normas por parte de la ciudadanía, tanto a nivel de las personas como de las empresas. En general, se consideran los esfuerzos que realiza la institución de manera individual o a través de convenios con organismos públicos o privados, con la finalidad de hacer más eficiente la fiscalización y cumplimiento de la ley, según su competencia y ámbito de intervención.

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