Una Buena Práctica Gubernamental en Inclusión Social se refiere a actividades orientadas a mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables, en particular, mujeres y niñas y niños en condición de exclusión y pobreza extrema, sobre temas relacionados a servicios y derechos básicos, así como a contribuir con la inclusión social de estos grupos. También se refiere a actividades o acciones que demuestren una mayor conciencia y responsabilidad de diversas instituciones públicas en beneficio de dichos grupos, aun cuando no trabajen directamente con los mismos. Esto implica el desarrollo de prácticas que incorporen toda la gama de derechos humanos y que planteen el protagonismo de las mujeres, niñas y niños, con especial énfasis en el derecho a la supervivencia; el desarrollo pleno; la reducción de la mortalidad materno infantil; el acceso universal a la educación básica de calidad; la equidad de género; la protección contra las influencias peligrosas, contra el maltrato y la explotación; a la participación en la vida familiar, cultural y social, entre otros.

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